Banxico publicó el reporte sobre las Economías
Banxico publicó el reporte sobre las Economías
El día 12 de marzo, Banxico publicó el reporte sobre las Economías Regionales correspondiente al cuarto trimestre de 2025[1], el cual analiza la evolución de la localización y especialización de la industria manufacturera en México durante el periodo 2013 a 2023. Esta publicación resulta particularmente relevante porque nos ayuda a explicar cómo se ha reconfigurado la vocación industrial de cada región y, para nuestra práctica, es importante estimar cómo esa información puede ser utilizada por la autoridad para construir parámetros de referencia sectoriales, detectar anomalías y focalizar actos de fiscalización.
En términos sencillos, el Índice Global de Especialización (IGE) refleja qué tanto una entidad o región concentra su actividad productiva en ciertas ramas específicas —por ejemplo, autopartes, electrónica o alimentos— en vez de mantener una estructura más diversificada. Por su parte, el Índice Global de Localización (IGL) mide qué tan concentrada está una industria concreta dentro del territorio nacional. Si bien, no es el tema de la publicación de Banxico, podemos considerar que ambos conceptos son relevantes para la autoridad fiscal porque permiten perfilar qué estructuras de costos, márgenes, niveles de nómina o patrones de gasto deberían esperarse en una determinada región y sector. En otras palabras, mientras más especializada sea una plaza, más fácil resulta para la autoridad comparar a un contribuyente contra sus pares económicos “directos” (sí, contra sus compañías comparables).
De acuerdo con Banxico, entre 2013 y 2018, México experimentó una disminución importante tanto en los índices de localización como de especialización manufacturera. En ese periodo, el mapa industrial del país se volvió menos concentrado. El principal factor detrás de este comportamiento fue la menor actividad de industrias relacionadas con la extracción petrolera, especialmente en la región sur, donde estados como Veracruz y Tabasco perdieron peso relativo dentro de la estructura manufacturera nacional, abonando al argumento de que dejamos de ser país petrolero. Desde una lectura fiscal, esta etapa implicó que ciertas regiones o polos económicos dejaran de mostrar el mismo nivel de concentración productiva y; por ende, también se modificarían los referentes económicos y tributarios asociados a esas geografías.
La tendencia cambió entre 2018 y 2023, periodo en el que Banxico identifica una reversión parcial de la caída previa. Los índices volvieron a incrementarse, lo que indica que varias regiones retomaron una trayectoria de mayor concentración en ramas manufactureras específicas. Este repunte se dio en un entorno internacional marcado por la reconfiguración de cadenas globales de suministro, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y posteriormente diversos choques geopolíticos, factores que fortalecieron la posición de México como receptor de procesos de nearshoring. En ese contexto, las regiones con ventajas logísticas, exportadoras o de proveeduría especializada volvieron a ganar protagonismo.
Banxico señala que, en esta fase, el aumento en localización fue impulsado principalmente por las industrias de equipo de transporte, cómputo y alimentaria, mientras que el avance en especialización obedeció en buena medida a una mayor contribución de las regiones norte y sur. Esto resulta especialmente relevante para empresas que participan en cadenas de valor automotrices, aeroespaciales, electrónicas, agroindustriales o manufactureras vinculadas a exportación. En estos entornos, los contribuyentes no solo operan dentro de sectores con mayor dinamismo, sino también en segmentos donde es más factible que la autoridad construya indicadores sectoriales robustos para fines de revisión.
Un punto importante del reporte es que la recuperación no fue homogénea. Banxico observa que en las regiones centro y centro-norte hubo comportamientos mixtos, ya que los avances de ciertos estados fueron compensados por retrocesos en otros. Esto sugiere que no basta con hablar de “la industria manufacturera” en abstracto; el análisis debe hacerse por rama, plaza y contexto regional. Bajo nuestra óptica, este punto es clave: una empresa no debería defender su posición financiera o fiscal únicamente con referencias nacionales amplias, sino con comparables y narrativas alineadas con la realidad específica de su industria y su subsector. Esta conclusión es una interpretación técnica consistente con los hallazgos regionales de Banxico.
Ahora bien, este contexto macroeconómico se conecta directamente con la manera en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) observa a la industria manufacturera. El estudio “Evasión en la Industria Manufacturera”[2] analiza la brecha entre lo que las empresas efectivamente pagan y lo que, bajo determinados modelos econométricos y sectoriales, la autoridad estima que deberían pagar. A esa diferencia la denomina brecha tributaria. Según el estudio, en la industria manufacturera dicha brecha se ubica entre 52.0% y 52.5% por debajo de lo que pudiera recaudarse. En términos prácticos, desde la óptica de la Autoridad, en este sector existe una diferencia muy significativa entre la contribución observada y la que sería esperable bajo sus modelos de referencia.
Lo delicado de esto es que nos confirma que la manufactura es un sector prioritario de análisis para la Autoridad, y no solo respecto de grandes grupos multinacionales. El estudio parte precisamente de la idea de que la evasión o menor tributación puede identificarse mediante patrones de comportamiento sectorial, regional y operativo. En consecuencia, para empresas medianas y pequeñas, como se ha planteado en múltiples ocasiones, ya no basta con “cumplir en papel”; cada vez resulta más importante que la utilidad fiscal, la tasa efectiva y la estructura de deducciones sean congruentes con la realidad económica observable de la industria donde se participa.
Otro aspecto particularmente sensible es el enfoque de la autoridad sobre la erosión de la base gravable a través de deducciones autorizadas. El estudio refiere el uso de herramientas analíticas para establecer umbrales o parámetros de comportamiento tributario, y menciona el seguimiento de variables como nómina total, combustibles y lubricantes, gastos generales y pérdidas cambiarias, entre otras, para identificar patrones asociados a una menor contribución efectiva. Dichos patrones abonan al “modelo de riesgo” que actualmente tiene la Autoridad y que observa variables de riesgo como pérdidas recurrentes, tasas efectivas bajas, márgenes inconsistentes, alto volumen de deducciones o movimientos atípicos en gastos operativos que resultan expuestos a revisiones focalizadas, sobre todo cuando ocurren varias simultáneamente.
En ese sentido, es conveniente contar con una visión preventiva. Si una empresa manufacturera opera en una región altamente especializada y; además, pertenece a una rama donde la autoridad ha identificado brechas relevantes, la defensa ya no puede limitarse al expediente documental tradicional. Se requiere también una narrativa económica y fiscal consistente: explicación clara del modelo de negocio, análisis de variaciones extraordinarias en deducciones, conciliación entre resultados contables y fiscales, y evidencia de que la tasa efectiva o el margen de utilidad responden a condiciones reales del negocio. Para grupos empresariales con operaciones entre partes relacionadas, esta lógica se vuelve todavía más relevante, pues cualquier inconsistencia puede amplificarse en revisiones de precios de transferencia, deducibilidad, razón de negocios o materialidad.
Regresando a la publicación de Banxico, también se advierte que hay factores que pueden alterar nuevamente el mapa industrial en un futuro próximo. Entre los principales riesgos mencionados por directivos empresariales se encuentran el deterioro de la seguridad pública, la incertidumbre asociada con la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y una eventual menor inversión pública en infraestructura. A ello se suman brechas persistentes en energía, agua, conectividad digital y otras capacidades estructurales necesarias para sostener la competitividad regional (estas “brechas” no le interesan a la Autoridad fiscal). Estos factores no son menores pues afectan costos, productividad, logística y rentabilidad, y por tanto también inciden en cómo deben interpretarse los resultados fiscales de una empresa en determinado periodo.
Por lo tanto, en un entorno donde la autoridad cruza información sectorial, regional y tributaria, la mejor defensa sigue siendo una posición fiscal técnicamente soportada, transparente y congruente con la realidad operativa del negocio e industria.
En términos sencillos, el Índice Global de Especialización (IGE) refleja qué tanto una entidad o región concentra su actividad productiva en ciertas ramas específicas —por ejemplo, autopartes, electrónica o alimentos— en vez de mantener una estructura más diversificada. Por su parte, el Índice Global de Localización (IGL) mide qué tan concentrada está una industria concreta dentro del territorio nacional. Si bien, no es el tema de la publicación de Banxico, podemos considerar que ambos conceptos son relevantes para la autoridad fiscal porque permiten perfilar qué estructuras de costos, márgenes, niveles de nómina o patrones de gasto deberían esperarse en una determinada región y sector. En otras palabras, mientras más especializada sea una plaza, más fácil resulta para la autoridad comparar a un contribuyente contra sus pares económicos “directos” (sí, contra sus compañías comparables).
De acuerdo con Banxico, entre 2013 y 2018, México experimentó una disminución importante tanto en los índices de localización como de especialización manufacturera. En ese periodo, el mapa industrial del país se volvió menos concentrado. El principal factor detrás de este comportamiento fue la menor actividad de industrias relacionadas con la extracción petrolera, especialmente en la región sur, donde estados como Veracruz y Tabasco perdieron peso relativo dentro de la estructura manufacturera nacional, abonando al argumento de que dejamos de ser país petrolero. Desde una lectura fiscal, esta etapa implicó que ciertas regiones o polos económicos dejaran de mostrar el mismo nivel de concentración productiva y; por ende, también se modificarían los referentes económicos y tributarios asociados a esas geografías.
La tendencia cambió entre 2018 y 2023, periodo en el que Banxico identifica una reversión parcial de la caída previa. Los índices volvieron a incrementarse, lo que indica que varias regiones retomaron una trayectoria de mayor concentración en ramas manufactureras específicas. Este repunte se dio en un entorno internacional marcado por la reconfiguración de cadenas globales de suministro, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y posteriormente diversos choques geopolíticos, factores que fortalecieron la posición de México como receptor de procesos de nearshoring. En ese contexto, las regiones con ventajas logísticas, exportadoras o de proveeduría especializada volvieron a ganar protagonismo.
Banxico señala que, en esta fase, el aumento en localización fue impulsado principalmente por las industrias de equipo de transporte, cómputo y alimentaria, mientras que el avance en especialización obedeció en buena medida a una mayor contribución de las regiones norte y sur. Esto resulta especialmente relevante para empresas que participan en cadenas de valor automotrices, aeroespaciales, electrónicas, agroindustriales o manufactureras vinculadas a exportación. En estos entornos, los contribuyentes no solo operan dentro de sectores con mayor dinamismo, sino también en segmentos donde es más factible que la autoridad construya indicadores sectoriales robustos para fines de revisión.
Un punto importante del reporte es que la recuperación no fue homogénea. Banxico observa que en las regiones centro y centro-norte hubo comportamientos mixtos, ya que los avances de ciertos estados fueron compensados por retrocesos en otros. Esto sugiere que no basta con hablar de “la industria manufacturera” en abstracto; el análisis debe hacerse por rama, plaza y contexto regional. Bajo nuestra óptica, este punto es clave: una empresa no debería defender su posición financiera o fiscal únicamente con referencias nacionales amplias, sino con comparables y narrativas alineadas con la realidad específica de su industria y su subsector. Esta conclusión es una interpretación técnica consistente con los hallazgos regionales de Banxico.
Ahora bien, este contexto macroeconómico se conecta directamente con la manera en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) observa a la industria manufacturera. El estudio “Evasión en la Industria Manufacturera”[2] analiza la brecha entre lo que las empresas efectivamente pagan y lo que, bajo determinados modelos econométricos y sectoriales, la autoridad estima que deberían pagar. A esa diferencia la denomina brecha tributaria. Según el estudio, en la industria manufacturera dicha brecha se ubica entre 52.0% y 52.5% por debajo de lo que pudiera recaudarse. En términos prácticos, desde la óptica de la Autoridad, en este sector existe una diferencia muy significativa entre la contribución observada y la que sería esperable bajo sus modelos de referencia.
Lo delicado de esto es que nos confirma que la manufactura es un sector prioritario de análisis para la Autoridad, y no solo respecto de grandes grupos multinacionales. El estudio parte precisamente de la idea de que la evasión o menor tributación puede identificarse mediante patrones de comportamiento sectorial, regional y operativo. En consecuencia, para empresas medianas y pequeñas, como se ha planteado en múltiples ocasiones, ya no basta con “cumplir en papel”; cada vez resulta más importante que la utilidad fiscal, la tasa efectiva y la estructura de deducciones sean congruentes con la realidad económica observable de la industria donde se participa.
Otro aspecto particularmente sensible es el enfoque de la autoridad sobre la erosión de la base gravable a través de deducciones autorizadas. El estudio refiere el uso de herramientas analíticas para establecer umbrales o parámetros de comportamiento tributario, y menciona el seguimiento de variables como nómina total, combustibles y lubricantes, gastos generales y pérdidas cambiarias, entre otras, para identificar patrones asociados a una menor contribución efectiva. Dichos patrones abonan al “modelo de riesgo” que actualmente tiene la Autoridad y que observa variables de riesgo como pérdidas recurrentes, tasas efectivas bajas, márgenes inconsistentes, alto volumen de deducciones o movimientos atípicos en gastos operativos que resultan expuestos a revisiones focalizadas, sobre todo cuando ocurren varias simultáneamente.
En ese sentido, es conveniente contar con una visión preventiva. Si una empresa manufacturera opera en una región altamente especializada y; además, pertenece a una rama donde la autoridad ha identificado brechas relevantes, la defensa ya no puede limitarse al expediente documental tradicional. Se requiere también una narrativa económica y fiscal consistente: explicación clara del modelo de negocio, análisis de variaciones extraordinarias en deducciones, conciliación entre resultados contables y fiscales, y evidencia de que la tasa efectiva o el margen de utilidad responden a condiciones reales del negocio. Para grupos empresariales con operaciones entre partes relacionadas, esta lógica se vuelve todavía más relevante, pues cualquier inconsistencia puede amplificarse en revisiones de precios de transferencia, deducibilidad, razón de negocios o materialidad.
Regresando a la publicación de Banxico, también se advierte que hay factores que pueden alterar nuevamente el mapa industrial en un futuro próximo. Entre los principales riesgos mencionados por directivos empresariales se encuentran el deterioro de la seguridad pública, la incertidumbre asociada con la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y una eventual menor inversión pública en infraestructura. A ello se suman brechas persistentes en energía, agua, conectividad digital y otras capacidades estructurales necesarias para sostener la competitividad regional (estas “brechas” no le interesan a la Autoridad fiscal). Estos factores no son menores pues afectan costos, productividad, logística y rentabilidad, y por tanto también inciden en cómo deben interpretarse los resultados fiscales de una empresa en determinado periodo.
Por lo tanto, en un entorno donde la autoridad cruza información sectorial, regional y tributaria, la mejor defensa sigue siendo una posición fiscal técnicamente soportada, transparente y congruente con la realidad operativa del negocio e industria.
[1] Banco de México. (2026). Reporte sobre las Economías Regionales: Octubre – Diciembre 2025. Publicado el 12 de marzo de 2026. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/reportes-economias-regionales.html
[2] Sobarzo, H., Parada, A., Ortega, H. y Ruiz, F. (2023). Evasión en la industria manufacturera. El Colegio de México, Ciudad de México. Disponible en:
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Documents/Evasi%C3%B3n_en_la_Industria_Manufacturera.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Documents/Evasi%C3%B3n_en_la_Industria_Manufacturera.pdf